descubren complot para fraude electoral con los dichosos escaner y el conteo digital
En el último programa de Nuria Piera se invito a varias personas para conversar sobre fraude electoral, entre los que figuramos el periodista y Subdirector de El Día, José Monegro y el autor de esta columna, y nuestros criterios chocaron con respecto al alcance del término “fraude electoral”.
Sostuve y aún sostengo que el fraude en las elecciones dominicanas ha mudado de tiempo, pues antes se realizaba el día de las elecciones a través de impedir la votación de la ciudadanía con trastrueques en el padrón electoral, la manipulación de las actas de los colegios electorales, o del cómputo de todos los colegios, entre otras muchas formas, y ahora se realiza sobre todo en la campaña electoral a través del clientelismo y el uso de los recursos del Estado y del narcotráfico.
José Monegro situaba el fraude a la vieja usanza, es decir, el día de las elecciones, y señalaba que el clientelismo y el uso de recursos ilegales no son fraude sino corrupción. No se equivoca el talentoso periodista en señalar que estos hechos pueden tipificarse como corruptos, pero en mi opinión al mismo tiempo pueden calificarse de fraude electoral.
El Manuel de Observación Electoral de la Unión Europea (segunda edición), contiene un glosario de términos en el que se define el fraude de una manera muy amplia, “como un engaño intencionado para obtener una ventaja injusta”.
Goodwin-Hill, en Elecciones Libres y Justas, nos define el fraude electoral como la “Conducta por la cual, a través del engaño, la manipulación, la falsificación, la distorsión, el despojo, la elusión, la obstrucción o la violencia, ejercido en cualquier fase del proceso electoral, se busca impedir la celebración de elecciones periódicas, libres y equitativas, o bien afectar el carácter universal, igual, libre y secreto del voto ciudadano”.
Hasta en wiki pedía figura una definición bastante aceptable de fraude electoral, al señalar que “es la intervención deliberada en un proceso electoral, con el propósito de impedir, anular o modificar los resultados reales.” También señala algunos ejemplos de fraude electoral, entre los que cita:
“Utilización de recursos ilícitos para aumentar el gasto de campaña y obtener ventaja ilegal en la publicidad.Intervención del Gobierno, para favorecer a un candidato, partido o propuesta electoral, mediante propaganda maliciosa o ejecución de obras concretas ofrecidas por el candidato o partido al que se quiere favorecer de manera fraudulenta.Control de los medios de comunicación para confundir y engañar a los electores haciéndolos creer que el resultado fraudulento es legítimo.”
El PRD logró la casi totalidad de los senadores en las elecciones del 2002 a través del uso masivo de los recursos del Estado y eso fue un fraude. El PLD hizo lo mismo en el 2010 y eso fue otro fraude. Y es el peor de los fraudes porque se aprovechan de la debilidad en que la pobreza y la falta de educación colocan a la ciudadanía para obtener votos con dineros que no les pertenecen. Y esos votos no son libres, pues son comprados con dádivas que calmaran el hambre de un día pero no redimirá a nadie de su condición de pobre.
La Constitución dominicana establece que el voto es libre y nadie puede ser obligado o coaccionado bajo ningún pretexto en el ejercicio de su derecho al sufragio. También que la Junta Central Electoral debe velar porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento.
Hace tiempo que en la República Dominicana los partidos que han llegado al poder, sea a través de la presidencia, del Congreso o de los ayuntamientos, hacen uso ilegal de los recursos públicos con fines electorales con la finalidad de crear un sistema clientelar que no es otra cosa que la compra de los votos con fondos públicos y una compra de votos jamás podrá ser considerada como el ejercicio libre del sufragio, y por ello constituye una forma de fraude electoral.
Cuando un funcionario público pagado por el Estado usa su tiempo de trabajo en la campaña electoral del candidato oficial, se está usando los recursos del Estado y creando una ventaja que no poseen los otros candidatos. Por esa razón, siempre se les solicita a los funcionarios públicos que quieren hacer campaña que tomen una licencia, pero no lo hizo Hipólito Mejía cuando era presidente y aspiraba a reelegirse, ni sus funcionarios de entonces, como no lo hacen los de ahora, pero todos no son más que autores de un claro fraude electoral, pues obtienen una ventaja injusta a través de una ilegalidad.
